La Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid (ACEL) valora muy negativamente la decisión de la Junta de Castilla y León de recurrir el fallo judicial que obliga a retirar los símbolos religiosos presentes en el colegio público Macías Picavea de Valladolid.
Como señala la citada sentencia, la presencia de símbolos confesionales en un centro escolar público vulnera derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, como el principio de igualdad y la libertad de conciencia, así como un principio que resulta fundamental en un sistema democrático, como es la neutralidad de los poderes públicos, por lo que interponer recurso contra ella supone un intento de prolongar en el tiempo esa situación.
Tras conocerse dicha sentencia han podido leerse y escucharse algunas afirmaciones catastrofistas tendentes a hacer creer que la pretensión de la ACEL es eliminar la existencia misma de los símbolos religiosos, pese a que desde el inicio de este proceso, hace más de tres años, ha manifestado por activa y por pasiva que respeta los símbolos, pero no su imposición. Con ello no pretende más que el cumplimiento de la ley, que impide que nadie pueda imponer sus creencias, mediante su simbología, al resto de ciudadanos por muy mayoritarias que pudieran ser; así como que ninguna creencia puede gozar de favoritismo por parte de las instituciones.
Cuando parecía que la Junta de Castilla y León iba a ser coherente por primera vez en todo este proceso, anunciando a través de su portavoz, José Antonio de Santiago- Juárez, que acataba la sentencia y no sería recurrida, ha bastado una indicación del Arzobispado de Valladolid para que cambie de postura y decida recurrirla, actitud muy diferente a la tomada por el ejecutivo castellano leonés recientemente ante otro pronunciamiento judicial contrario a una resolución suya. Ello hace pensar que la Junta de Castilla y León no es el gobierno de todos los castellano-leoneses sino solamente de una parte de ellos, los próximos a la jerarquía eclesiástica.
Esta postura está alimentando comportamientos incívicos en algunos miembros de la comunidad escolar del colegio Macías Picavea, que con actitudes propias del integrismo más cerril están creando tensión en torno a los padres que solicitaron la retirada de los símbolos, apoyándose en bulos y mentiras. Campaña en parte orquestada desde la dirección del centro al amenazar con no organizar la fiesta de Navidad si se retiran los crucifijos, cuando lo cierto es que dicha fiesta está aprobada en la PGA del curso y la dirección no puede suprimirla, pero que ha bastado para que algunas madres de alumnos, de forma irracional, acusen falsamente a los citados padres.
Y lo más triste e intolerable de esta campaña de tensión es que se esté utilizando a los niños en ella, algo que no había ocurrido hasta ahora.
La ACEL se pregunta ¿qué intereses públicos se ven perjudicados por la sentencia para que la Junta castellano-leonesa haya decidido recurrirla? No ocasiona perjuicio a nadie, ni impone sanción alguna… Por ello, solamente se entiende si lo que pretende es que continúe la vulneración de derechos de unos niños y de sus padres, que no pueden ejercer un derecho con el que precisamente quienes son contrarios a la retirada de los símbolos suelen llenarse la boca, como es el de la libertad para elegir el tipo de educación que se quiere para sus hijos, que en este caso es una educación libre de simbología confesional, para cuyo cumplimiento tienen su razón de ser los centros educativos públicos, por ley aconfesionales y carentes de ideario.
Para justificar este recurso, la Junta de Castilla y León ha aludido a dos líneas argumentales. La autonomía del consejo escolar del centro y la comparación con otra situación que en su opinión es similar como es la presencia de simbología religiosa en la toma de posesión de cargos públicos.
Respecto a la primera, la autonomía de los consejos escolares está cada vez más mermada precisamente por decisiones políticas de quienes ahora pretenden otorgarle la máxima competencia. La autonomía y las competencias de los consejos escolares tienen un límite lógico: el respeto a las leyes. Resulta sarcástico que los consejos escolares, que no tienen potestad ni para nombrar a su presidente, pudieran tenerla para llevar a cabo actuaciones que se sitúan fuera de la ley, por discriminatorias y vulneradoras de derechos.
Por si fuera poco, las sentencias judiciales conocidas niegan esas competencias. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2002 y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Valladolid en 2007 así lo indicaban. Si bien esta última fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, éste indicaba que aunque en primera instancia los consejos escolares pudieran pronunciarse sobre el tema, si su decisión era recurrida era la administración quien debía pronunciarse ya que lo contrario constituiría una dejación de funciones. Y por último la propia sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Valladolid que ahora la Junta de Castilla y León va a recurrir niega que el consejo escolar pueda tomar la decisión de mantener los símbolos, y de ahí el fallo que deja sin efecto ese acuerdo y ordene su retirada.
Respecto a la segunda cuestión, la comparación con la presencia de símbolos religiosos en la toma de posesión de cargos públicos, se trata de una disputa de carácter político de la que la ACEL y sobre todo este proceso son ajenos, y que para nada puede interferir en la pretensión de esta Asociación de eliminar la simbología religiosa de los centros escolares públicos en general y del colegio Macías Picavea en particular por haberlo solicitado varios padres y madres del mismo.
No es la ACEL quien tenga ni pueda dar explicaciones sobre la presencia de símbolos religiosos en la toma de posesión de cargos públicos, ya que es una cuestión que no depende de ella. Es más, si a la Junta de Castilla y León no le gusta esa situación, esta Asociación estaría encantada de poder colaborar con el ejecutivo castellano leonés en cualquier iniciativa tendente a ampliar el carácter laico de los poderes públicos, cuales quiera que sean, por entender que ello contribuiría a afianzar el sistema democrático, la igualdad y la pluralidad de la sociedad.
En definitiva, la Junta de Castilla y León no aporta ningún argumento de fondo que justifique la revocación de la sentencia. No lo tiene. No puede tenerlo.
De todas formas la ACEL ya manifestó desde el inicio del proceso su intención de llegar hasta el final. Por todo lo anteriormente expuesto, confía plenamente en que el recurso será desestimado, pero en caso de que no lo fuese llegaría al Tribunal Constitucional, en el que los precedentes, la jurisprudencia creada en temas similares y los estudios de constitucionalistas respecto al tema concreto de presencia de símbolos religiosos presidiendo la actividad educativa, no ofrecen duda sobre el sentido de su pronunciamiento. Y si fuese necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
De momento la ACEL está estudiando las posibilidad de solicitar la ejecución cautelar de la sentencia en cuanto el recurso anunciado por la Junta de Castilla y León se formalice. Al tratarse de un procedimiento de protección de derechos fundamentales esta solicitud será muy probablemente aceptada.
El hecho de que queden muy pocos centros educativos públicos con simbología religiosa en sus aulas evidencia que esta imposición es un residuo del pasado al que solamente se oponen los sectores más inmovilistas de la sociedad, buscando perpetuar sus privilegios.
Dentro de no mucho tiempo esta situación se verá como algo absolutamente superado, al igual que se ven ahora situaciones como la legalización de los partidos políticos o la aprobación del derecho al divorcio, por citar situaciones que en su día levantaron fuerte polémica por la oposición de esos mismos sectores inmovilistas.
LA JUNTA DE PERSONAL DOCENTE SOLICITARÁ LA RETIRADA DE LOS SÍMBOLOS RELIGIOSOS EN TODOS LOSC ENTROS PÚBLICOS
Por último la ACEL quiere agradecer las múltiples muestras de solidaridad recibidas, tanto de particulares (con independencia de sus creencias; muchos apoyos provienen de católicos que no desean que su símbolo sirva de instrumento de imposición) como de organizaciones sociales, políticas, sindicales…
En este sentido, la Junta de Personal Docente de Centros Públicos no Universitarios de Valladolid, en reunión celebrada este jueves, “se felicita por la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Valladolid, lamenta que hayan tenido que transcurrir más de tres años desde que fuera solicitada la retirada de los símbolos por el empecinamiento de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León contribuyendo a prolongar una situación que como esta sentencia refleja supone una violación de derechos fundamentales de las personas”, por lo que ha acordado “exigir al Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León que rectifique y tome la iniciativa recordando a través de una resolución, instrucción, decreto, circular… la obligación de que la simbología religiosa, de cualquier tipo, salga de los espacios comunes de todos los centros públicos de la Comunidad”.
