“Un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad”, es la frase que se me ha venido a la cabeza tras el anuncio hecho por la Vicepresidenta del Gobierno Mª Teresa Fernández de la Vega, sobre los últimos cambios introducidos en el sistema de financiación de la Iglesia Católica. Ya sé que esta frase, pronunciada por Neil Armstrong, después de pisar por primera vez la luna, no tendrá, para la mayoría, relación alguna con el caso al que me refiero, pero en la seudo-borrachera de júbilo que, inmediatamente a la noticia, me han proporcionado mis hormonas, mi mente encuentra, complacida, ese pequeño paso hacia la autofinanciación eclesiástica, como una zancada hacia la Laicidad del Estado, a pesar de esa subida del porcentaje, hasta alcanzar el 0.7%, del IRPF, prometida por el Gobierno a la Iglesia.
El Gobierno socialista ha manifestado su intención de negociar dicha subida, igualmente, con las ONGs, muchas de las cuales están, ciertamente, en manos de la propia iglesia, viniendo a ser, para ésta, una forma de financiación alternativa, que junto con las subvenciones a los colegios, los sueldos de los profesores de religión , y las ayudas para mantener y restaurar los monumentos artísticos de su patrimonio, representan su fuente de recursos fundamental, y de difícil tasación.
Pongamos, por ejemplo, el caso de Talavera de la Reina, cuyos datos, con motivo del acuerdo que el Cardenal Arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, acaba de firmar, con el Consistorio, tengo delante. Se trata de un documento mediante el cual, el Ayuntamiento se compromete a aportar 252.000 euros, para contribuir a la financiación, de las mejoras de la iglesia de La Colegial, -principalmente asumida por el propio Estado, a través del Ministerio de la Vivienda-, a lo que hay que sumar 52.000 euros, para tareas de repaso, limpieza y retejado de la Basílica del Prado, 81.427 euros para obras de urbanización, alumbrado y acondicionamiento del entorno de las ermitas de San Isidro y de San Cristóbal, y la ampliación de la sede local de Cruz Roja, 200.000 euros anuales de subvención a Cáritas, y las ayudas para la celebración de procesiones, que pueden llegar a 150.000 euros más, aproximadamente.
Como ven, no hay duda de que el Estado es, y de momento, va a seguir siendo, la principal fuente de recursos de la Iglesia española. Sin embargo, y a pesar de estas evidencias, el cambio en el marco jurídico de la relación Iglesia–Estado, que introduce el nuevo sistema, es radical, en dos aspectos fundamentales: La supresión de anacrónicos privilegios eclesiásticos, sobre las obligaciones contributivas -exenciones en este caso- totalmente fuera de la legalidad europea, hasta ahora, y la desaparición de la cuota mínima, con que el Estado se comprometía a financiar directamente a la iglesia, dándole así sentido, a la existencia de las dos famosas casillas en el impreso de “declaración de la renta”, y permitiendo a los contribuyentes derivar hacia la iglesia o hacia las otras ONGs, el famoso 0.7% de IRPF, destinado al efecto. Ahora la Iglesia, como una organización social más, tendrá que presentar al Gobierno una memoria económica anual, justificando la distribución del gasto, sobre la cantidad asignada por este concepto.
Sin lugar a dudas, esta modificación sólo es una tímida respuesta inicial, a las expectativas de los ciudadanos, que defendemos la laicidad del Estado, y abogamos por la separación entre el ámbito de este, y el de la religión.De hecho, la reforma es criticada como excesivamente prudente por los que no entienden que el Estado, como una especie de cobrador del “frac”, tenga que hacerse cargo de recaudar impuestos para la iglesia, en lugar de ser los fieles los que la financien, mediante sus cuotas, o donativos, como cualquier otra asociación, e independientemente de las desgravaciones a que estos tengan derecho.Efectivamente, el nuevo modelo no elimina, ni mucho menos, la discriminación positiva que beneficia a la Iglesia Católica, frente al resto de las organizaciones sociales, religiosas o laicas. El portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino ha reconocido que con este acuerdo, la iglesia espera seguir como está.
La medida adoptada por el Gobierno de Zapatero, es sólo un pequeño paso hacia la autofinanciación eclesiástica, al que han contribuido organizaciones como la
Fundación Cives, o
Europa Laica, e intelectuales, como Vitorino Mayoral, o
Juan Francisco González Barón, reivindicando la aplicación del principio constitucional de “no confesionalidad” del Estado, y defendiendo el desarrollo pleno de la libertad de conciencia, base de los Derechos Humanos; Pero si miramos hacia atrás, también podemos interpretarlo como un gran salto hacia la Laicidad del Estado.
