Se armó el Cristo

La propuesta que Milagrosa Carrero y quien suscribe este artículo presentamos hace unos días ante el Registro del Ayuntamiento de Cáceres, pidiendo la retirada del crucifijo que preside el salón de plenos del consistorio, ha generado un amplio, controvertido y no siempre correcto debate en los medios públicos y en parte de la ciudadanía.

El maniqueísmo al que algunos son tan afectos –sin ir más lejos, el grupo municipal popular– tiende a reducir la petición a un ejercicio de intolerancia hacia las manifestaciones religiosas de la mayoría de los cacereños. Se trata, pues, de estar con el catolicismo o contra el catolicismo. Nada más lejos de la realidad. La propuesta que Cáceres Laica formula a los grupos municipales es una petición de cumplimiento del Artículo 16.3 de la Constitución Española que reza (perdonen la expresión) como sigue: Ninguna confesión tendrá carácter estatal.

La asignatura religiosa es una de las cuentas pendientes desde la Transición. Nuestras leyes y Constitución garantizan las libertades de conciencia y consagran la neutralidad del Estado y sus instituciones en materia de fe, pero las costumbres y sus usos y la simbología en actos centrales de la vida pública de este país siguen remitiendo a largos periodos de confesionalidad obligada en el pasado y provocan una clara discriminación para con otras religiones, al tiempo que nos dejan de lado, sin ningún pudor, a quienes no practicamos ninguna o defendemos el laicismo.

El PP expresa en un comunicado de prensa que el crucifijo no ha ocasionado hasta ahora ninguna molestia, y que la religión mayoritaria es la católica y hay que respetarlo. Con un argumento bastante retorcido considera que la permanencia del crucifijo será valorado por los católicos, que lo entenderán como un símbolo religioso; por los no creyentes, que no le darán ninguna funcionalidad religiosa (a mí en Lógica me enseñaron que una frase no puede llevar una afirmación y su contraria) y que quienes practican otras confesiones deben respetar la voluntad mayoritaria de la sociedad española como nosotros respetamos los símbolos religiosos de otras confesiones cuando visitamos países no católicos.

El argumentario del PP comete dos graves errores de bulto: primero considera que los que profesan otras religiones son extranjeros y deben respetar la confesión católica mayoritaria. El segundo error es de mayor y más trascendental calado: puesto que la religión católica es mayoritaria sus símbolos deben tener una presencia institucional.

Esa tesis choca frontalmente con la Constitución española que los concejales cacereños juraron defender en su toma de posesión y con la propia normativa europea. Vamos a ello: Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Para el Estado, que una religión sea mayoritaria o minoritaria es intrascendente: las debe tratar a todas por igual y en materia de fe comportarse con absoluta neutralidad. En una sociedad plural las instituciones democráticas respetan esa diversidad no manifestando preferencias por una en concreto. ¿Es tan difícil entender eso?

La jurisprudencia europea al caso, en diversas sentencias, defiende la necesaria neutralidad de las instituciones en materia de fe, incluso propugna que en ocasiones puede hacerse necesario asociar a la libertad de manifestar su religión o sus convicciones, limitaciones capaces de conciliar los intereses de los diversos grupos y garantizar el respeto de las convicciones de cada uno (Kokkinakis, TEDH 1993/21).

La presencia de un crucifijo, símbolo concreto de una religión e inseparable de su contenido teológico y de fe, situado por encima del retrato del Jefe del Estado, compartiendo protagonismo junto a éste, las banderas española y extremeña y el ejemplar de la Constitución Española de 1978, rompe la neutralidad en materia religiosa de nuestro ayuntamiento. ¿Ponemos en el pleno, para compensar, el símbolo religioso de otras confesiones, una media luna, un buda-? ¿Y qué hacemos con ese grupo incómodo socialmente que somos los ateos?

Durante mi etapa de concejal en el Ayuntamiento le hice estas mismas consideraciones al anterior alcalde, José María Saponi, sin gran éxito, salvo procurarle al hombre una rabieta considerable. Hoy se la hago a la actual alcaldesa y no descarto, como ya anuncié en los medios al presentar la iniciativa junto a la presidenta de Cáceres Laica, recurrir a la vía judicial. Pero en esto, como en todo, tal vez sea una cuestión de votos, siempre los votos, gran argumento para no cumplir a veces con las leyes. Pero, mayoritarias o no, las decisiones pueden ser justas o injustas.

Víctor Casco

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