Carta abierta a redes cristianas a propósito de su “manifiesto por la laicidad”.

Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid.

www.rivaslaico.org.es

Las organizaciones que tenemos la laicidad como motivo de nuestra existencia no podemos dejar pasar el feliz acontecimiento de que un conjunto de organizaciones, tan importante como el aglutinado en Redes Cristianas, haya hecho público su “Manifiesto por la Laicidad” sin pronunciarnos sobre ello. La importancia de tal manifiesto no solo la establece el hecho de la relevancia cuantitativa de una entidad que agrupa a más de 150 organizaciones o comunidades de base, sino también la importante dimensión de los aspectos cualitativos que se abordan en sus pronunciamientos.

Nuestra voluntad desde esta Carta Abierta es aprovechar la ocasión que brinda el “Manifiesto por la Laicidad” para abrir un diálogo que intuimos fructífero sobre los problemas que afronta el laicismo en una doble dirección: por un lado, ayudar a profundizar sobre los mismos a las organizaciones y personas que sienten interés por el laicismo, colaborando a acercar posturas, limar asperezas. De otro lado, buscar la unidad de acción que facilite el avance en la laicización de nuestra sociedad, sobre la base de que ya existen puntos coincidentes de indudable importancia que lo permiten.

Para que esta carta abierta pueda servir también para la participación en el dialogo de personas y entidades interesadas en el laicismo y ajenas a Redes Cristianas, nos vamos a permitir ir transcribiendo el Manifiesto entero, pero dividido en sus puntos a medida que abordamos el análisis de los mismos.

1. Sobre la introduccion del manifiesto

Una lectura de la introducción que el Manifiesto hace con carácter previo a la exposición de sus puntos reivindicativos permite apreciar la cercanía de su visión general de la laicidad a la mantenida por las asociaciones específicamente dedicadas al laicismo como la nuestra, aunque, a nuestro juicio, existan algunos aspectos que parecen exigir matizaciones. Permítasenos reseñar los puntos de esta introducción en un orden distinto a aquel en que están dispuestos en el Manifiesto, a fin de poder abordar las cuestiones desde una lógica de encadenamientos que puede facilitar su comentario crítico. 

“El desarrollo progresivo de la laicidad debe ser considerado como un hecho positivo. Es la lenta maduración de la humanidad hacia una cultura del pluralismo, del respeto a la diferencia, es avanzar hacia la creación de aquellos espacios de libertad que hacen posible el diálogo entre todas las ideologías filosóficas o religiosas, creyentes o no. Y, puesto que el único garante de este espacio público es el Estado, laicidad significa la autonomía del Estado respecto de cualquier magisterio religioso o cosmovisión filosófica que pretenda imponerse como la única verdadera.”

Nos parece sumamente interesante la valoración positiva del avance del laicismo entendido como maduración de la humanidad, como creación de espacios de libertad que permitan el diálogo de todas las ideologías filosóficas o religiosas, en el respeto a la diferencia. Entendemos que este posicionamiento implica una lectura crítica de la historia, en cuanto caracterizada por la imposición de las ideas y dogmas ejercidos por los detentadores del poder en cada momento histórico. Deducimos que esta crítica se hace desde una asunción del valor de la libertad como opuesto al ejercicio de la represión, de la dominación. También entendemos que este valor de la libertad empleado en el Manifiesto no es un concepto difuso, sino que se concreta en la libertad de existencia y expresión de cualquier posición filosófica, se mueva esta en los parámetros de la cuestión religiosa (creencias religiosas, ateas o agnósticas) o en cualquier otra dimensión (política, cultural…). Asimismo es destacable que se contempla la otra cara de la moneda del problema: el rechazo a cualquier forma de imposición de cosmovisiones filosóficas, sean religiosas, ateas o de cualquier tipo. Nosotros abrazamos también todos estos presupuestos como imprescindibles para la convivencia social.

Sin embargo, echamos en falta una referencia explícita al sujeto sobre el que recae la libertad reivindicada: la persona, o en su dimensión social, el ciudadano. Por la importancia decisiva que le damos a esta cuestión, vamos a intentar hacer un desarrollo sucinto de su contenido. Para nosotros, el concepto de libertad de conciencia, constituye la clave del arco del pensamiento laicista y, por tanto el referente necesario desde el que contemplar las identidades y las diferencias en el seno de este. La libertad de conciencia recae sobre este sujeto individual: persona o ciudadano de forma inevitable, en cuanto único poseedor de las características psico-fisicas en las que cabe anidar la conciencia. La conciencia, en cuanto tal atributo del ser humano, se anuda al concepto de libertad y da a este un sentido expreso, concreto, alejado de entelequias, de vaguedades. Libertad de conciencia significa que cada persona pueda construir su conciencia con autonomía en un espacio plural de la sociedad, y expresarla en ella con total libertad, sin ataduras ni imposición de dogmas, sin más cortapisas que el respeto del derecho igual de los demás a construir y expresar sus propias conciencias. Igualdad de derechos entre los ciudadanos y libertad de conciencia de cada uno de ellos es la condición universal sobre la que se levanta la idea de soberanía del pueblo.

Pensamos que la persona, como sujeto esencial sobre el que recae el protagonismo de la recuperación y uso de los espacios de libertad que se reclaman, tiene el derecho de agruparse, de asociarse, de organizarse en la persecución de objetivos o en el cultivo de creencias o cultos con aquellos que le son afines. Pero ello se inscribe en el ámbito de lo particular, de lo que es de uno, de varios o de muchos (es decir, el espacio de lo privado), pero no de la totalidad, de lo universal antes mencionado, que es el espacio de todos (es decir, de lo público), en el que la conciencia individual de cada uno constituye el referente único a garantizar en su libertad, contra toda presión de otro o de grupo. La exigencia que hacéis en el punto 1 relativa a que “la Iglesia y las demás confesiones religiosas se acojan al derecho civil que regula la vida asociativa en el Estado”, nos parece que recoge esta forma de pensar, saliendo al paso de determinadas interpretaciones que se reclaman del laicismo pero que, añadiéndole apellidos tales como “inclusivo” o “positivo”, reclaman diferentes formas de presencia de las instituciones religiosas en los espacios que son de todos: creyentes religiosos, ateos, agnósticos…, es decir, en el espacio público, en una inaceptable pretensión de participar como una especie de cuarto poder adicional a los poderes del Estado. Si nuestra interpretación es correcta nos congratulamos de vuestra posición sobre este importante aspecto, ya que entendemos que con ello vuestro sentido de comunidad cristiana se construye sobre un auténtico respeto a la igualdad del otro, al derecho jurídico y político del ciudadano cuya creencia es diversa e incluso totalmente adversa, como es el caso de los ateos, a la que constituye el nexo de unión de esa comunidad en la que os inscribís, rechazando cualquier tipo de privilegio. El resultado seria el respeto a la fundamental libertad de conciencia a que aludíamos en el punto anterior.

No obstante la persistente ausencia de este concepto de libertad de conciencia en el Manifiesto, así como la existencia de párrafos que parecen entrar en conflicto con él, nos mueve a ir comentando estos explícitamente, con el afán de esclarecer posiciones al respecto. Esto ya sucede en el siguiente punto de la introducción:

“Redes Cristianas, desde su doble pertenencia a la comunidad cristiano-católica y a la sociedad civil, apuesta decididamente por la independencia, respeto y colaboración entre estos dos ámbitos y aboga por un Estado laico que supere el actual confesionalismo encubierto y por una Iglesia inspirada sólo por el Evangelio y no sometida a ningún tutelaje del Estado.

Si aceptamos, por ejemplo, la acepción de sociedad civil al modo en que lo hace la Wilkipedia, como “conjunto de organizaciones e instituciones cívicas y sociales que forman la base de una sociedad activa”, la alusión al “respeto y colaboración” entre sociedad civil y comunidad cristiano católica nos sugiere dos comentarios:

1. El ciudadano como sujeto principal nuevamente desaparece, subsumido, e invisibilizado en grupos donde pierde su identidad. Sin pertenecer a organizaciones o instituciones cívicas, sociales o a comunidades religiosas el ciudadano parece no existir, con lo que el espacio público que le es propio aparece sustituido por otro dividido en parcelas comunitarias con rasgos identitarios sin las cuales parece carecer de sentido su participación en la vida pública.

2. La petición de respeto y colaboración de las organizaciones e instituciones cívicas y sociales con la comunidad cristiano católica resulta problemática si se analiza el alcance de tales términos y su aplicación al sujeto al que se demandan, es decir, a una pluralidad de personas.

Consideramos que el respeto en una sociedad laica, en la que la libertad de expresión de la pluralidad de ideas ha de ser plena, tiene como sujeto la persona, pero no sus ideas. La libre expresión de las ideas tiene como única barrera la injuria, la mentira que se pueda verter sobre el otro, pero no debe estar coartada por exigencias de respeto a sus ideas, pues tal cosa seria contradictoria con el principio de libertad de conciencia que defendemos. Es incuestionable, tanto a niveles personales como de organizaciones e instituciones de la sociedad civil, la existencia de inevitables antagonismos ideológicos, como seria el caso de las cosmovisiones religiosas y ateas en cuanto a sus fundamentos. Tales antagonismos ideológicos pueden expresarse de múltiples formas que en el extremo pueden llegar a la burla o al sarcasmo como formas de expresión, siempre que no crucen la barrera de la injuria y la mentira. La censura que se intenta justificar por razones de respeto a las creencias es contraria a la libertad de conciencia y tiene un largo recorrido histórico de negras represiones sobre esta. En nuestro país el asunto tiene que ver con el rechazo que creemos debe hacerse  desde el laicismo a la subsistencia de leyes que son herencia del delito de blasfemia de nuestro pasado de cuarenta años de dictadura, como son los artículos de la sección segunda del Código Penal relativos a los delitos contra los sentimientos religiosos, ya que es suficiente con las protecciones contra la infamia y la falsedad que el mismo código contempla en la Sección 1 para defender la libertad de conciencia, sin caer en la censura.

En cuanto a la colaboración, suponemos que se alude a la posibilidad de encontrar elementos de convergencia en las distintas entidades de la sociedad civil que permitan desarrollar la armonía social. Tal cosa parece justo destacarla, pues puede llegarse a preceptos de ética social coincidentes desde justificaciones filosóficas antagónicas, como puede demostrarse en realidades concretas de confluencia de determinadas formas del humanismo de fundamentación cristiana con otras del humanismo de fundamentación atea. Sin embargo, nuevamente parece confuso que esta búsqueda de colaboración se formule en términos de grupos, pues, en paralelo a lo antes comentado, también es destacable en la realidad la existencia de preceptos antagónicos de ética social a los que se ha llegado desde un mismo presupuesto filosófico o religioso, como es notorio que ha sucedido y sucede con la comunidad cristiana. Por ello, parece más fundamental buscar la confluencia desde la llamada al empleo de la racionalidad en las personas que constituyen la sociedad civil, reclamando el ejercicio de la libertad de conciencia en el seno de las instituciones que la constituyen.

Respecto a las alusiones al Estado recogidas en este punto y en el anterior, nos complace coincidir en vuestras apreciaciones tanto en la calificación de laico que debe aplicarse al Estado, como en el contenido que eso implica en cuanto a su “autonomía … respecto de cualquier magisterio religioso o cosmovisión filosófica que pretenda imponerse” y a la función que le corresponde en cuanto a ser garante de que en el espacio público se expresen en libertad “todas las ideologías filosóficas o religiosas, creyentes o no”.

Ello conduce a abordar, como muy bien señaláis, las cuestiones mas candentes que impiden la consecución de esa necesaria laicidad del Estado, hoy enfangado en lo que justamente calificáis como “confesionalismo encubierto” (aunque quizás cabria designarlo mejor como “confesionalismo de hecho”, pues poco encubiertos quedan los privilegios de la Iglesia Católica promulgados por el Estado o las ostentosas mezclas ceremoniales Iglesia-Estado, entre otras cosas). Igualmente acertada es vuestra denuncia de los Acuerdos de 1979 como el basamento de ese confesionalismo encubierto

Consciente de que las actuales relaciones entre Iglesia/Estado en España, basadas en los Acuerdos del 1979, han sido el principal obstáculo a la separación entre ambos y que actualmente están generando un gran malestar en amplios sectores sean católicos o no, Redes Cristianas manifiesta claramente su postura e invita a sumarse a cuantas instituciones o personas quieran hacerlo.

Con ello entramos en el comentario de los puntos reivindicativos.

2. SOBRE LOS PUNTOS CONCRETOS DEL MANIFIESTO.

Sobre el punto 1:

“1.Denunciamos los Acuerdos de 1979 del Estado español con la Santa Sede -en vigor desde hace casi 30 años- y no proponemos su renovación porque, nacidos en situación de privilegio confesional católico, están afectando hoy día a una sociedad religiosamente plural y ampliamente secularizada y son causa de muchos de los conflictos que afectan a la convivencia ciudadana. Y, en consecuencia, exigimos que las entidades dependientes de la Iglesia y demás confesiones religiosas se acojan al derecho civil que regula la vida asociativa en el Estado.”

Reiteramos nuestra coincidencia en contra de los Acuerdos de 1979, como uno de los principales puntos reivindicativos para quienes propugnamos la laicidad de nuestra sociedad, así como que las entidades religiosas se acojan al Derecho Civil como regulador de la vida asociativa. Que comunidades cristianas de base se manifiesten en tal sentido es digno de elogio y prueba de la calidad de sus pronunciamientos laicos, al tiempo que expresión de su ética de renuncia a los privilegios de todo tipo que de ello pudieran derivárseles. No se nos oculta su valor al decidir enfrentarse a la incomprensión y el rechazo que puede suscitar esta defensa por parte de quienes, en su misma confesión, no han alcanzado su madurez. Solo cabe apostillar la redacción del párrafo: “…una sociedad religiosamente plural y ampliamente secularizada”, pues aunque el término secularizar es polisémico y puede interpretarse como alusión al auge de creencias y cosmovisiones no religiosas, parecería más correcto mencionar a estas expresamente junto a las creencias y cosmovisiones religiosas para no caer en el acostumbrado “olvido” u ostracismo con que suelen ser contempladas desde las comunidades religiosas.

Únicamente quisiéramos llamar vuestra atención sobre la necesidad de eliminar, junto a los Acuerdos de 1979, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 (LOLR), sustituyéndola por una Ley de Libertad de Conciencia por doble motivo:

1. Porque al contemplar con exclusividad las creencias religiosas (salvo un vergonzante párrafo relativo a las increencias), esta ley excluye de forma inadmisiblemente discriminatoria a todas las creencias de fundamentación agnóstica o atea, o a las que se configuran en función de parámetros indiferentes a lo religioso. Si tenemos en cuenta el parámetro de la dicotomía religioso/no religioso hay que observar que esta ley, bajo la apariencia de querer enfrentar la discriminación que sufren las creencias religiosas no católicas frente a los privilegios de la Iglesia Católica, está aumentando la discriminación que sufren las creencias agnósticas y ateas. Cuando se tiene en cuenta que estas últimas representan cerca de un 20% de la población en nuestro país, frente al 2% de las creencias religiosas no católicas, la dimensión y absurdidad de la LOLR se hace patente. Mas absurdo aún parece el argumento empleado por algunos sectores que defienden la necesidad de tal ley desde la conveniencia de que el Estado colabore con el desarrollo de las confesiones religiosas dada su positiva incidencia en la sociedad, pues, al margen de las precisiones que esta interpretación requeriría al contemplar tal incidencia en la historia de la sociedad en general y de nuestro país en particular, se estaría negando por la vía de la ocultación la incidencia positiva del humanismo agnóstico y ateo en la sociedad, lo que supone una clara agresión a los principios laicistas de no discriminación de las creencias. Sobre este aspecto, la decidida posición que mantenéis en el punto 7 sobre la “autonomía de la ética en una sociedad laica (…) sin necesidad de acudir a motivaciones religiosas para legitimarla” creemos que expresa perfectamente una posición de principio que es aplicable a esta crítica a la LOLR y que puede ser la base de nuestro entendimiento en esta cuestión.

2. Porque la LOLR, al contemplar el tratamiento del Estado al problema de las creencias como un problema de su relación con las confesiones religiosas organizadas, está concibiendo el espacio de lo público con reminiscencias medievales que desprecian la centralidad del ciudadano moderno. Con ello, el concepto de libertad religiosa que la mayoría de los mortales tendemos a interpretar como la libertad de cada ciudadano para profesar la religión que le venga en gana, de asociarse con quienes también la profesen y de realizar los actos de culto que así decidan, no tiene nada que ver con el concepto de libertad religiosa aplicado el LOLR. Por un lado, la LOLR da por supuesto que las personas se estructuran o integran de forma natural en sectores o comunidades más o menos estancos, desentendiéndose o despreciando a aquellos ciudadanos que no lo están. Por otro, se atiende solo a las comunidades de carácter religioso, condenando al ostracismo a las creencias no religiosas, como señalábamos en el punto anterior. Por último, se da por entendido que la conciencia del ciudadano se subordina y pierde su identidad al sumergirse en la creencia colectiva de la comunidad, conciencia que a su vez se admite subordinada a los dogmas emanados desde el estamento clerical, a su vez subordinados a los dictados de la jerarquía de este estamento. Sobre estos presupuestos, la LOLR establece que las entidades públicas establezcan su colaboración y ayuda a las comunidades religiosas a traves de sus cúpulas jerárquicas. Con ello, estas adquieren, además del poder de definir en detalle la conciencia admisible y la repudiable de todos sus miembros; el poder de administrar los recursos más esenciales y el poder de relacionarse con los poderes del Estado. Con tal concepción, el ciudadano moderno se desvanece en las neblinas medievales de un individuo que es tratado como un súbdito subordinado a un poder temporal que se relaciona con un poder religioso que, a su vez, lo somete a una dominación jerárquica en la que el último eslabón del seglar se caracteriza por su conciencia cautiva, no construida desde su autonomía, sino suplantada por la conciencia impuesta desde esa jerarquía. La LOLR es pues un mero coloreado del Estado confesional de hecho mediante tintes pluriconfesionales; una pica clavada en el corazón del estado laico. Esta problemática entendemos que os afecta muy directamente a las comunidades de base cristianas y que tiene una relación estrecha con las cuestiones que planteáis en el punto 4 relativas a la exigencia de funcionamiento democrático interno, la participación de las bases y la denuncia del clericalismo y la discriminación por razones de género y orientación sexual. Por ello pensamos que, también desde este aspecto, podemos coincidir en el criterio apuntado de la necesidad de eliminar la LOLR y su sustitución por una Ley de Libertad de Conciencia.

Sobre el punto 2:

2.Apostamos por una laicidad plena que reconozca la autonomía de lo político y civil respecto a lo religioso y camine hacia la separación definitiva de la Iglesia y el Estado, reconociendo la igualdad de derechos y deberes, sin privilegios ni ventajas eclesiásticas y garantizando el ejercicio de las libertades fundamentales para todos y todas. La Iglesia será libre sólo cuando esté clara y definitivamente desligada del Estado y se ponga decididamente al servicio de los pobres y excluidos de este mundo.

Parece adecuado su pronunciamiento sobre la separación definitiva de la Iglesia y el Estado, en la línea de las coincidencias que venimos señalando.

Sobre el punto 3:

“3.Abogamos por un “pacto por la laicidad” entre confesiones religiosas y el Estado, que de lugar a un “estatuto de laicidad” que regule la presencia y las actuaciones de los poderes políticos en las ceremonias religiosas y de las jerarquías religiosas en los actos políticos, suprimiendo los símbolos religiosos en el espacio público civil.”

Nos resulta inquietante el llamado “pacto por la laicidad” entre confesiones religiosas y el Estado que parece colisionar o contradecir el punto anterior que aboga por una “separación definitiva de la Iglesia y el Estado”. Entendemos que la separación real Estado-Iglesia no permite que en las ceremonias religiosas quepa ninguna presencia y actuación de poderes públicos en tanto que tales, como no cabria esa presencia en actos internos de la masonería o en la celebración de un concilio ateo o en un acto de entrega de carnés a las juventudes socialistas. La presencia de personalidades de instituciones públicas en cualquiera de tales actos debe subrayarse como privada, con ausencia de cualquier simbología que les relacione con la representación de los cargos públicos que ostentan. De igual forma, no se entiende que las jerarquías religiosas estén presentes como tales en actos públicos. Por ello nos desconcierta el alcance que puede tener esa proposición de un pacto

También nos resulta extraño el empleo de términos que, salvo incomprensión nuestra sobre el significado que se pretende, parecen conceptualmente erróneos en su aplicación. Así, hablar de poderes políticos y actos políticos para hablar de “pacto por la laicidad” que se enuncia “entre confesiones religiosas y el Estado parece identificar los términos político y público, lo que estimamos confuso. No cuestionamos que representantes políticos de cualquier partido estén presentes como tales políticos en ceremonias religiosas, siempre que no lo estén como representantes públicos de instituciones del Estado.

Sin embargo, la supresión de los símbolos religiosos en el espacio público que demandais parece abogar por ese entendimiento de producir a fondo esa neutralidad de lo público respecto a las creencias, eliminando toda forma de influencia expresa o subliminal sobre las conciencias de los ciudadanos en espacios que deben ser de todos, como las escuelas, hospitales, o las diversas instituciones del Estado, ejercito incluido.

Pensamos que podréis esclarecer nuestras dudas.

Sobre el punto 4:

“4.Exigimos que el funcionamiento democrático interno, la participación de las bases y la transparencia sean criterios a tener en cuenta por parte del Estado a la hora de establecer marcos de colaboración con las entidades sociales. Consecuentemente, denunciamos el clericalismo y la discriminación por razones de género y orientación sexual, aún presentes en la Iglesia católica y otras confesiones.”

Ya hemos abordado en nuestro comentario 2 a vuestro punto 1 la grave problemática que plantea a los miembros de la comunidad católica las actuales relaciones del Estado con la Iglesia Católica. Quisiéramos ahora centrarnos en la discriminación que supone para los ciudadanos no creyentes católicos, y especialmente para agnósticos y ateos, la existencia en nuestra Constitución de la famosa referencia a la cooperación de los poderes públicos con la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas (Artículo 16.3). A pesar de que esa simple mención no puede vulnerar un derecho fundamental como es el recogido en el Articulo 14 de la Constitución, en el que se establece que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, lo cierto es que ha sido el caballo de batalla de las trágalas legislativas con que se les ha venido obsequiando desde hace treinta años. Por ello, creemos que la crítica a la colaboración del Estado con las comunidades religiosas debe comenzar por la crítica a la colaboración misma. Como el hecho es que la cláusula 16.3 está ahí, fruto de las contradicciones de la transición, consideramos que su enfrentamiento desde la legalidad constitucional, requiere la exigencia de que toda forma de cooperación o colaboración se plantee como necesariamente no contradictoria con el artículo 14 mencionado, es decir, que los límites infranqueables de cualquier colaboración del Estado con la Iglesia Católica los fija el imperativo de no resultar discriminatorio para todos los no pertenecientes a esa iglesia. Y tales límites es evidente que se rompen estrepitosamente cuando, por poner un ejemplo gráfico, se sufraga con impuestos pagados por ateos, parte de los sueldos de sacerdotes y obispos. También quiere decir que los límites de la colaboración del Estado con las otras comunidades religiosas tienen como límite el imperativo de no resultar discriminatorio para todos los ciudadanos que no son creyentes religiosos. Y también es evidente que tales límites se rompen cuando, por seguir con el mismo ejemplo gráfico, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa aumenta la cuota de participación de los ateos en los sueldos de sacerdotes y obispos con la de las nuevas autoridades religiosas de otras confesiones.

Lo anterior no obsta para que, llegado el caso, podamos plantear la necesidad laica de una reforma constitucional que suprima la referencia a la colaboración del Estado con las conferencias religiosas, en tanto que discriminatoria respecto a las creencias no religiosas.

Vuestros planteamientos de que las “confesiones religiosas se acojan al derecho civil que regula la vida asociativa en el Estado” que recogéis en el punto 1 nos parece una decidida apuesta por lo que estamos señalando: que toda colaboración del Estado debe contemplarse en ese marco, sin que las relaciones del Estado con las asociaciones que los ciudadanos constituyan en el ámbito privado puedan vulnerar los derechos fundamentales de la persona, esté esta incluida o no en la asociación de que se trate.

Sobre el punto 5:

“5.Defendemos una “laicidad escolar” que posibilite la formación integral de la persona, el aprendizaje, la socialización y la enculturación sin proselitismos ni adoctrinamientos, y que responda a principios de igualdad, libertad y formación crítica para todas las personas. Reconocemos el pluralismo religioso y cultural existente, y, en consecuencia, denunciamos la actual presencia de la religión confesional católica en el sistema educativo y en la escuela pública y concertada. “

Este punto nos parece que sintoniza plenamente con la reivindicación de una escuela laica realizada desde nuestras organizaciones laicistas. Conforta pensar en la coincidencia de fondo desde la que se enfoca la necesidad de una escuela laica: el respeto al derecho de la persona a formarse en libertad, desarrollando su capacidad crítica en un proceso de construcción de su propia autonomía moral, sin adoctrinamientos. Ilusiona comprobar que esta cuestión está adecuadamente asumida por creyentes religiosos que viven su creencia con tanta profundidad como para organizarse en torno a ella, y desde ella denunciar la presencia de la enseñanza religiosa confesional como un obstáculo para la formación integral de la persona. De esa ilusión nos nace la esperanza de poder unirnos en la lucha por la conquista de esa escuela laica, en la que vuestra aportación puede ser fundamental. Porque no es lo mismo denunciar la presencia de la asignatura de religión en la escuela por quienes estamos estigmatizados como antirreligiosos por aquellos que ven el maligno en todo aquel que rechaza sus dogmas, que la denuncia se realice por quienes argumentan desde su fe vivida y mostrada en la intensidad de su compromiso social.

Sobre el punto 6:

“6.Apostamos por una sociedad secularizada y pluralista, organizada democráticamente desde la aconfesionalidad y sin permitir interferencias confesionales en el espacio político, ni privilegios que, desde los principios de justicia y equidad, causan agravios comparativos con el resto de las instituciones. Desde aquí denunciamos el actual sistema de financiación de la Iglesia católica por el Estado español.”

Quizás sea este un punto donde la terminología empleada parece oscurecer un contenido que podemos compartir, pero que nosotros expresaríamos de forma diversa, atendiendo a aspectos que hemos venido subrayando a lo largo de nuestros comentarios: el ciudadano como sujeto libre e igual desde cuya soberanía únicamente cabe hablar de democracia; el espacio público como espacio universal, de todos los ciudadanos. El espacio privado, de uno, varios o muchos,  pero no de todos, que debe respetarse siempre que no intente contraponerse o imponerse en el espacio público con privilegios discriminatorios o con restricciones al derecho a la diferencia de los demás…Quizás sea un mero problema de enfoque de la misma cuestión pero mirado desde el prisma de los problemas que os acucian como colectivo concreto. Cuestión de dialogar.

Probablemente también corresponda a una cuestión semántica la alusión que hacéis a la denuncia  del actual sistema de financiación de la Iglesia Católica por el Estado Español, pues suponemos que compartís con nosotros el criterio de que las comunidades religiosas deben autofinanciar los gastos que requieran para su funcionamiento, eliminando de una vez el hecho de que participe en esa financiación todo aquel que sea ajeno a tal comunidad, por lo que la denuncia debe apuntar contra toda financiación del Estado.

Sobre el punto 7:

“7.Abogamos por mantener la autonomía de la ética en una sociedad laica en todos los ámbitos propios de una sociedad secular (en el tejido social, político, productivo, cultural, científico…), sin necesidad de acudir a motivaciones religiosas para legitimarla. Y, en consecuencia, denunciamos las presiones de la jerarquía católica para imponer su moral sobre la ética pública”

La renuncia a cualquier pretensión de que la ética tiene una fundamentación exclusivamente religiosa es encomiable cuando viene reconocida desde una comunidad confesional y sirve para combatir el escandaloso monopolio de la moral que demanda la jerarquía de la Iglesia Católica. Tal pretensión aboga por continuar el negativo papel jugado durante muchos siglos por la cúpula eclesial de freno y represión al desarrollo del conocimiento cuando este pone en cuestión la debilidad de los dogmas elaborados por ella. Al tiempo trata de invisibilizar e injuriar la ética y el humanismo agnóstico y ateo desarrollado esencialmente a partir de la Ilustración, (aunque hunda sus raíces en la civilización greco-latina y el Renacimiento). Con todo ello dificulta la posibilidad de que el humanismo cristiano confluya con otras corrientes de humanismo hacia preceptos comunes de ética social que faciliten el entendimiento y la convivencia, sin dejar de respetar la pluralidad de creencias y las formas de vida alternativas.

Sobre el punto 8:

“8.Defendemos la presencia de las confesiones religiosas en los medios de comunicación. Pero denunciamos a la Conferencia Episcopal Española por el intolerable abuso del derecho de la Libertad de Expresión que está haciendo la Cope. Exigimos a la Conferencia Episcopal Española el cambio radical en su línea editorial y al Gobierno mayor firmeza en la garantía del respeto a los derechos de los ciudadanos.”

Entendemos la crítica que como miembros de la comunidad cristiana hacéis a una parte de esa comunidad como es la Conferencia Episcopal Española, aunque quepa matizar que, desde el laicismo no parece que lo criticable sea el uso hasta el abuso de la libertad de expresión. Desde el laicismo lo que consideramos criticable es su utilización para atacar las libertades ciudadanas de las que se ha dotado la sociedad en el ejercicio de su soberanía; su utilización para tergiversar nuestra historia con autentico desprecio a la verdad, etc., etc.

Sobre último punto:

“Urgimos, finalmente, al actual gobierno del Estado como detentador y representante de la soberanía popular y a las jerarquías de las confesiones religiosas, especialmente a la de la Iglesia Católica, que asuman responsablemente el espíritu de la Constitución, la cual, en el Art. 16 párrafo 3, al afirmar que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, aboga por el establecimiento de aquel espacio laico y de diálogo al que hacemos referencia.”

Coincidimos en la necesidad de urgir al actual gobierno del Estado a actuar en función de los puntos anteriores, con la natural adecuación de los mismos a los matices que hemos introducido.

3. Conclusiones a partir de lo expuesto.

El balance sobre lo expuesto consideramos que arroja un resultado sumamente positivo en cuanto a las coincidencias en que se basa las necesidades de avanzar en la laicidad de la sociedad y en los caminos para conseguirlo. A nuestro juicio, el manifiesto ofrece una visión de la laicidad considerablemente más cercana a las posiciones que venimos defendiendo que las hechas públicas desde algunos agrupamientos católicos con anterioridad.

Las matizaciones, críticas, comentarios y preguntas que hemos hecho explicitas, deseamos que se entiendan como una primera aproximación para incitar al diálogo, a fin eliminar progresivamente todo lo que pueda haber de malentendidos o incomprensiones y que estos puedan resolverse mediante el uso de la razón como método.

No pretendemos tener el monopolio de la razón al iniciar el diálogo, aunque lógicamente defendemos con nuestros argumentos los principios que constituyen nuestra razón de ser. Tampoco nos exoneramos de los defectos o errores que seguramente padecemos. En el laicismo en nuestro entorno, nutrido esencialmente de librepensadores agnósticos y ateos (quizás  como consecuencia de que en ellos se hace más sangrante las consecuencias de padecer el confesionalismo de hecho de nuestro Estado), a veces se cae en el prejuicio de confundir los privilegios detentados por la Iglesia Católica como extendidos al conjunto de los creyentes religiosos, con lo que se producen deslices que identifican clericalismo y religión. Ello repercute negativamente en una doble dirección: alejar a los creyentes católicos del laicismo y dar argumentos a quienes se empeñan en la tergiversación de presentar al laicismo como antirreligioso. Por eso esperamos que el debate nos sirva a nosotros mismos como purgante.

Por último resaltar que las coincidencias puestas de manifiesto en temas tan importantes como la separación Estado-Iglesia o la necesidad de sacar la asignatura de religión fuera de la escuela, establecen la necesidad de tomar decisiones para actuar conjuntamente en campañas en marcha que reivindican su consecución. Igualmente abrirnos a colaboraciones futuras para la unidad de acción desde iniciativas que puedan surgir desde cualquiera de los sectores que consideren el avance laico de la sociedad como algo necesario.

Debate y unidad de acción son dos sendas convergentes que pueden y deben recorrerse al unísono, porque ambas cumplen la función de servir para avanzar hacia el mismo horizonte.

Un saludo fraternal.

Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid.

www.rivaslaico.org.es

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