CAMPAÑA IRPF 2008

 

 

RAZONES PARA RECHAZAR LAS CASILLAS DE ASIGNACIÓN TRIBUTARIA

 

 

17 PREGUNTAS CON RESPUESTA

 

1.- ¿Es cierto que los Acuerdos con la Santa Sede, de 1979, son la actual base de la financiación de la Ic en España?

 

En efecto. A pesar de que la Constitución  Española declare en su artículo 16.3 la no confesionalidad del Estado, el Acuerdo sobre Asuntos Económicos, fechado en 1979, pero negociado antes de entrar en vigor la Constitución, blinda en su artículo II la colaboración con la Iglesia para conseguir “su adecuado sostenimiento económico”, los impuestos a los que no va a estar sujeta, en su artículo III, y las exenciones fiscales a las que tiene derecho, en su artículo IV. De esta manera se consolidaba el trato de privilegio de que gozó durante el franquismo. Por ello, muchos juristas consideran, en la actualidad, que los citados Acuerdos, además de preconstitucionales, son inconstitucionales.

               

Debemos tener en cuenta que el Concordato  de 1953, suscrito entre el Estado franquista y el Vaticano, aún no ha sido derogado, sino que la mayoría de sus artículos fueron sustituidos por otros en los Acuerdos de 1976 y 1979. En todo caso el sistema de financiación de la Iglesia católica (en adelante = Ic) sigue siendo el mismo que entonces: los Presupuestos Generales del Estado

 

2.- ¿No parece lógico que cada confesión religiosa debería autofinanciarse, de acuerdo con el principio de separación Iglesia-Estado?

               

Es obvio que las creencias son un asunto particular y, por tanto, deberían ser financiadas, exclusivamente, por las personas que las profesan, como cualesquiera otras entidades sin ánimo de lucro. Por el contrario, en la actualidad, la financiación privilegiada que establecen los Acuerdos de 1979 (uno de los cuales es el de Asuntos Económicos) conculca el principio de igualdad ante la ley (artículo 14 de nuestra Constitución), discriminando a los ciudadanos en función de sus creencias (sean estas religiosas o no). No obstante, conviene recordar que, el único compromiso al que se obligaba la jerarquía católica en el Acuerdo de Asuntos Económicos, que era el “propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”, treinta años después, ningún gobierno ha sido capaz de hacerlo cumplir. Así pues, los Acuerdos de 1979 son falsamente bilaterales: sólo contienen beneficios para la Ic y obligaciones y costes para el Estado.

 

3.- ¿Los Acuerdos con la Santa Sede, de 1979, sólo tienen repercusión económica?

               

No, tienen muchas más implicaciones. Quizás la más grave es que pretende asimilar el servicio religioso a un servicio público, obviando el carácter delimitado y particular de las creencias religiosas. Ya estableció el Tribunal Constitucional, en 1993, que no cabía identificar las funciones religiosas con las estatales. Asimismo, los Acuerdos delimitan una especie de derecho eclesiástico que se superpone (e impone) al derecho común elaborado por nuestros representantes democráticos. De esta manera, cada ley elaborada libremente por nuestro Parlamento debe adecuarse a lo que establecen los Acuerdos, con la consiguiente subordinación de la soberanía popular a los privilegios de la Iglesia.

 

4.- ¿Es cierto que también se conceden ayudas económicas, aunque de mucha menor cuantía y para fines más limitados, para apoyar otras creencias religiosas, contraviniendo el principio de separación iglesias-Estado y discriminando claramente a las creencias de naturaleza no religiosa?

               

En efecto, en aplicación de los Acuerdos de 1979, algunas confesiones que están inscritas en el Registro de Entidades Religiosas y que han firmado acuerdos con el Estado, además de aquéllas sobre las que recaiga la declaración de “notorio arraigo” reciben, a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia (creada por el Gobierno y ubicada en el Ministerio de Justicia), ayudas sociales y culturales por valor de algo más de 4 millones de euros.

 

Extraña forma de promover el pluralismo, ésta de utilizar el dinero público para promover las creencias religiosas, haciendo hincapié en el refuerzo de la identidad religiosa en el seno de comunidades de ciudadanos. Con esta forma de “café para todos” (los creyentes religiosos), no sólo se sigue ignorando y discriminando a las personas que tienen otras convicciones, o que simplemente son indiferentes, sino que la Ic ve legitimada su posición de trato de privilegio ante la financiación estatal. Un Estado Laico que no discrimine por razón de las creencias, no debe financiar actividades en función de convicciones religiosas. De lo contrario, está atentando contra los principios de igualdad y de pluralidad. Y difícilmente puede hablarse de pluralidad si no se sitúan todas las creencias (religiosas o no religiosas) en el mismo plano de derechos.

 

5.- Entonces Europa Laica no reivindica extender los privilegios económicos de las religiones, en general, y de la Ic en particular, a todas las entidades cuyas creencias no sean de naturaleza religiosa (laicistas, ateos, agnósticos u otras convicciones)?

 

En efecto. Creemos que el camino recorrido en los últimos treinta años, reconociendo privilegios económicos a otras religiones y aparentando aproximarse a los privilegios de la iglesia católica, es un camino equivocado. Y ello porque atenta contra el laicismo, que no debe vincularse a ninguna creencia (o creencias) específica, y porque conculca el derecho humano básico a la libertad de conciencia, dado que la religiosidad no es un atributo universal del individuo, al contrario de lo que sucede con la libertad de conciencia individual. Desde esta perspectiva, Europa Laica sostiene que las instituciones religiosas no requieren un tratamiento económico, jurídico o político especial.

 

6.- ¿Es cierto que quien marca la (X) en la asignación a la iglesia católica en el IRPF no está aportando ni un euro de su bolsillo a la Iglesia?

 

Efectivamente. La liquidación del Impuesto señala la obligación de los ciudadanos (también los católicos) en el sostenimiento de los gastos del Estado (escuelas, hospitales, carreteras…). Quienes marcan la X no sólo no aportan ninguna cantidad adicional a la Ic, sino que gozan del privilegio de decidir a qué dedicar el 0.7% de sus ingresos, privilegio del que no gozan los demás. De manera que “aportan”, generosamente, con dinero que no es suyo, sino del Estado, y por tanto, de todos los españoles, sean sus creencias religiosas o de cualquier otra naturaleza. El efecto final es que contribuyen a los gastos generales, de todos, sólo en un 99,3% (un 98,6% en caso de poner también la X en los fines de interés social, cuya mayor parte va destinada a instituciones católicas). En definitiva, las personas que ponen la X, están pagando menos impuestos y,  sin embargo, los ritos y actividades de los católicos los estamos pagando todos los españoles, sean nuestras creencias  religiosas o de cualquier otra naturaleza.

 

7.- ¿Por qué es injusta e insolidaria esta situación?

               

Porque las personas que marcan la (X), no contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica, como establece el artículo 31  de la Constitución. La actitud de estas personas es insolidaria e injusta, pues se dedica a financiar actividades de interés particular (religiosas) en detrimento de las necesidades de interés general (sanidad, educación, dotaciones sociales…). Y el comportamiento del Gobierno que lo permite, un atentado a la laicidad del Estado y una violación de la conciencia de los ciudadanos con otras creencias (sean o no religiosas) distintas a las católicas.

 

8.- ¿Es cierto, por tanto, que con el acuerdo Gobierno-Ic, de diciembre de 2006, se avanza en la autofinanciación de la Iglesia católica?

               

Es completamente falso. En primer lugar el acuerdo de 2006 sólo ha visto la luz como un simple “intercambio de notas” entre la Nunciatura Apostólica en España y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Extraña, y vergonzante, forma de publicitar una cesión de este calibre, hurtando la discusión y decisión al Parlamento.

               

En realidad, es un paso más en el sentido marcado por los preconstitucionales Acuerdos con la Santa Sede, de 1979, de consolidar la financiación estatal, y por tanto pública, de la Iglesia católica en España. El IRPF correspondiente a la renta sometida a gravamen (renta de 2007, declaración en 2008) lo han ido pagando los contribuyentes, vía deducciones en nómina, (también los católicos, claro) a lo largo de 2007. Por lo tanto ya han engrosado las arcas del Estado en dicho año. Cuando se acaba la campaña de Renta 2007 (declaración de 2008), el Estado simplemente cuenta las declaraciones con el aspa correspondiente, multiplica las cuotas íntegras por 0.7 y saca su dinero del Presupuesto de Ingresos del Estado. Por tanto, aunque se pretenda encubrir, estamos ante cantidades detraídas de los Presupuestos del Estado ¿De dónde podría salir el dinero, si no?

 

9.- A qué se dedican los 241 millones de euros detraídos de los Presupuestos del Estado, por razón de la X en la declaración del IRPF correspondiente a 2007?

               

Este montante se dedica exclusivamente al pago de salarios del clero y obispos, su seguridad social, pensiones de jubilación, seminarios mayores y menores, culto, universidades, congresos, asambleas, reuniones y manifestaciones políticas, asambleas, jornadas y gastos generales de la Conferencia Episcopal. No obstante, esta cantidad es pequeña si la comparamos con lo que la Ic recibe del Estado, por otros múltiples conceptos, merced a los Acuerdos con la Santa Sede.

 

10.- ¿Qué otros beneficios económicos recibe la Iglesia católica del Estado, en sus tres niveles, central, autonómico y local? (*informe más completo en otro documento)

               

En virtud de los Acuerdos de 1979, gozan de exención total y permanente “la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias, las Órdenes y Congregaciones Religiosas y los institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas”, respecto de los impuestos de bienes inmuebles (la Ic posee una cantidad de bienes inmuebles superior al propio Estado), IVA, IRPF, Patrimonio y demás figuras impositivas. A ello debemos agregar el pago de los miles de adoctrinadores en la escuela pública y concertada,, la financiación de la enseñanza concertada religiosa, las cesiones de terrenos, el mantenimiento del patrimonio eclesiástico, el gasto de los capellanes en el ejército, hospitales y prisiones… Dado que no encontrará ninguna información sobre esta generosa financiación en la web de la Conferencia Episcopal, una estimación realista situaría en más de seis mil millones de euros al año en 2008 (*Ir al documento sobre financiación, que ha elaborado Europa Laica).

 

11.- ¿Es cierto que el acuerdo Gobierno-Iglesia católica, de diciembre de 2006, ha supuesto un “cambio importante en el modelo de financiación” de la Ic por el Estado, como declaró en su momento el gobierno del PSOE?

               

Como ya hemos visto en la pregunta nº 8, no sólo no se avanza en la autofinanciación de la Ic, sino que se consolida la falacia de que la Iglesia ya no se financia de los Presupuestos del Estado. Por otro lado, se releva a la jerarquía católica del compromiso de autofinanciación, que figuraba en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 1979, con la peregrina justificación de que sólo era “una obligación moral”. Tremendo paso atrás, que sitúa al estado español, en materia de financiación, en un estado de corte confesional.

               

Asimismo, por la Ley de Presupuestos para 1988, el Gobierno se comprometía a exigir a la Iglesia las diferencias entre las cantidades que le adelantaba mensualmente y las que le correspondiera ingresar, efectivamente, por el número de X en la casilla del IRPF de cada ejercicio. Desde 1988 la deuda a favor del Estado fue en aumento, y el escándalo también. De esta forma, la Iglesia católica se ha embolsado, desde 1992, cerca de 430 millones de euros (71.000 millones de pesetas) de todos los españoles, que no han sido reintegrados a la Hacienda Pública y que con este acuerdo de 2006, quedan “perdonados”.

 

12.- Parece, sin embargo, que la Ic se ha comprometido a presentar una memoria económica anual sobre la distribución del gasto correspondiente a las (X) del IRPF. Eso parecería un paso adelante en materia de transparencia en el uso de los caudales públicos…

 

Este aspecto no es nada nuevo. Ya se sabe que se dedica a remunerar a los obispos y a todo el personal eclesiástico, así como a pagar su seguridad social y sus pensiones, a  sus seminarios, congresos, reuniones, manifestaciones políticas, propaganda, alguna universidad, y gastos de las diócesis, principalmente.

 

La cuestión es que sigue sin exigírsele a la Iglesia católica algo parecido a un balance integrado, con cuenta de resultados, de todas las actividades desarrolladas en el Estado Español, tanto a nivel estatal, como autonómico y municipal, incluyendo la cuantificación económica de las cuantiosas sumas de los impuestos a que no está sujeta y a las bonificaciones y exenciones fiscales.

 

13.- En cualquier caso, parece que la casilla de Fines de interés social deberíamos marcarla, dado que la cantidad que resulta se dedica a obras sociales, benéficas y medioambientales.

               

Nosotros también opinamos que es un error marcar esta casilla. En primer lugar, porque adolece de los mismos defectos que la casilla de la Ic: quien marca esta casilla contribuye  a los gastos del Estado en menor medida (un 0,7% menos); además privatiza una elección que debe ser pública, haciendo uso del privilegio de decidir a qué quiere destinar una parte de sus impuestos, algo que no pueden decidir las personas que no marcan la casilla, discriminando  a las personas en función de sus creencias. De esta manera se conculcan los artículos 14 y 31 de nuestra Constitución.

               

Europa Laica piensa que la política de financiación de estos fines debe ser definida por el Parlamento y, por tanto, debe formar parte de la política del Estado. Así pues, debe canalizarse a través de los correspondientes debates presupuestarios, en función del interés general y siempre teniendo en cuenta las prioridades políticas emanadas de la voluntad popular.

 

14.- Pero, a pesar de todo, si se dedica a estos “buenos fines” antes aludidos, ¿no estaría justificado poner la X en la casilla de Fines de interés social?

               

No dudamos que puedan existir algunas ONGS de inspiración católica que realicen una labor social sin propaganda confesional, labor social que perfectamente podría desarrollar el estado directamente. En todo caso, estas cantidades, al quedar al margen de la discusión presupuestaria, quedan al margen, también, de los procedimientos de control que garanticen que se asignen con objetividad y equidad. El Estado, en este caso, puede distribuir las subvenciones con la discrecionalidad que le parezca y, por tanto, asignarlas con criterios sectarios. Así, los gobiernos, sean del PSOE o del PP, pueden utilizar a las diferentes ONGS con fines partidistas. Debe tenerse en cuenta que un importantísimo porcentaje de lo recaudado por este motivo corresponde, también, a organizaciones vinculadas a la Ic.

 

En definitiva, en Europa Laica creemos que un Estado democrático moderno no debe dejar los servicios sociales y benéficos al albur de las acciones caritativas (organizaciones religiosas), sino que deben ser contemplados como lo que son, derechos sociales básicos y, por tanto, deben ser implementados por el Estado.

 

15.- Entonces, ¿Europa Laica no se opone a esta manera de subvencionar estas actividades sólo por motivos económicos?

               

En efecto. En muchas ocasiones el interés de las organizaciones religiosas se centra fundamentalmente en el control ideológico y moral que ejercen sobre muchos millones de personas. Y las personas que trabajamos por el laicismo haríamos mal minusvalorando el efecto que ejerce las enormes sumas de dinero público que se canalizan anualmente, desde los gobiernos centrales, autonómicos o locales hacia las escuelas y universidades católicas, y sus hospitales e instituciones sociales y benéficas, que proveen de servicios sociales confesionales (por ejemplo, asistencia a embarazadas para forzarlas a dar a luz; “educación sexual” basada en la abstinencia y en contra de los anticonceptivos; campañas en contra de los cuidados paliativos o de una muerte digna; políticas activas contra  el matrimonio homosexual; etc.). Así pues, hay que exigírsele al Gobierno que no se derive ni un solo euro de financiación pública para ONGS o asociaciones cuya actividad sea torpedear leyes aprobadas por el Parlamento: aborto, igualdad de género, políticas preventivas de embarazos, matrimonio homosexual, avances científicos… Es un terrible contrasentido torpedear leyes públicas, y por tanto de interés general, con dinero público, obedeciendo a los intereses confesionales privados de la jerarquía católica.

 

16.- Bueno, pero tanto el Gobierno como la Iglesia sostienen que en el acuerdo de 2006, ésta última ha renunciado a la exención del IVA

               

Es sencillamente falso. La exención del IVA, privilegio de que ha gozado la Ic desde los Acuerdos de 1979, era ilegal desde la misma entrada de España en la Comunidad Europea, en 1986. La violación reiterada de la Directiva europea sobre armonización fiscal en esta materia ha obligado al Gobierno, tras múltiples avisos y amenazas, a eliminar este privilegio eclesial y acomodarse a la normativa europea. Ha tenido que ser la Comunidad Europea la que nos ayudara a acabar con este privilegio eclesiástico. No obstante, la Ic se ha encargado de que tal circunstancia no supusiera una minoración en sus ingresos, subiendo el porcentaje a recibir por las X de cada declaración de IRPF un 34%, esto es, del 0,52% al 0,7%.Y este aspecto no ha permanecido oculto.  El propio acuerdo de 2006 reconoce explícitamente que la subida hasta el 0,7 se ha propuesto  como “compensación por la pérdida de la exención del IVA a favor de la Iglesia católica, que es exigida por el Derecho comunitario”. Como posteriormente han demostrado los hechos, el negocio ha sido redondo para la Ic y ruinoso para el erario público.

 

17.- ¿Es cierto que un alto funcionario público, el embajador de España (y por tanto, de todos los españoles) ante la Santa Sede, hizo campaña el año pasado a favor de la financiación pública de la Iglesia?

               

En efecto. El socialista Francisco Vázquez, durante el pregón del Día de la Caridad, en un pregón que pronunció a invitación de Cáritas Diocesanas, dijo que ”Es muy importante que los ciudadanos tengan conciencia de la gran importancia que tiene, para católicos y no católicos, poner la X en la casilla de la aportación social a favor de la Iglesia”. Y lo arregló, afirmando que hablaba como “político católico”. Y nadie en el Gobierno del PSOE lo desautorizó. Si alguien creía todavía en la supuesta aconfesionalidad del Estado o en el principio de igualdad y no discriminación en función de las creencias, tiene una medida exacta de en qué punto estamos, 30 años después de promulgarse nuestra Constitución. Después de estas soflamas ¿dónde queda la separación Iglesia-Estado?

                              

Afirmación final:

 

La Iglesia católica en el estado español vive en un verdadero paraíso fiscal, en nuestra opinión presuntamente al margen de la Ley.

 

 

Cáceres, Abril de 2009

 

 

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